La gran mayoría de quienes llegaron a gobernar México durante el siglo XIX se habían destacado por sus hazañas militares más que su capacidad política: desde Iturbide, Guadalupe Victoria y Santa Anna, hasta Juan Álvarez, Comonfort y el mismo Porfirio Díaz estuvieron primero al frente de un batallón antes que estar al frente del gobierno. Pero los enfrentamientos armados significaban la lucha de ideas, la lucha por un modelo de país. De allí la importancia de pensadores como Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez y Miguel Lerdo de Tejada; de ahí la importancia también de Benito Juárez, que tenía formación de abogado. Si bien ejerció esta profesión de manera esporádica, es indudable que su apego a la ley y su preocupación por establecer un orden constitucional fueron producto de su formación.
De hecho, Juárez comienza a tener trascendencia en la escena nacional no cuando regresa de su exilio en 1855 y se enlista en el ejército de Álvarez y Comonfort para derrocar a Santa Anna, sino dos años más tarde, cuando siendo ministro de Justicia durante la presidencia de Comonfort, redacta una ley que suprime los fueros eclesiásticos y militares: la Ley Juárez. Esta ley, junto con la Ley Lerdo, que obligaba a la venta de aquellas propiedades civiles y eclesiásticas que no estuvieran ocupadas, y la Ley Iglesias, que regulaba el cobro de derechos parroquiales, sentaron los antecedentes liberales que se verían plasmados en la Constitución de 1857.